Juicio a las Multinacionales (Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia)
Desde hace algunas décadas es también la zona petrolera. En Saravena, una pequeña ciudad de 90.000 habitantes, limítrofe con Venezuela, la pampa se mezcla con la patagonia en un caserío gris y aburrido que bien podría ser Caleta Olivia o Comodoro Rivadavia.
Allí se realizó en diciembre del año pasado una de las preaudiencias de la sesión Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos (ver recuadro), que reunió durante una semana en la sede de las Organizaciones Sociales de Arauca a una gama heterogénea y globalizada de personas para juntar las pruebas sobre crímenes de lesa humanidad de las multinacionales del petróleo (Repsol, Oxy y BP) en está y otras regiones del país.
Gringos investigadores, ongs internacionales, turistas globalifóbicos, cinco muchachos miembros del movimiento de solidaridad vasco Askapena, integrantes de la radio comunitaria de la Coordinadora Simón Bolívar de Venezuela, indígenas de Sarayacu (Ecuador), uwas, wayuus y otras etnias pertenecientes a la Organización Indígena de Colombia (ONIC), sindicalistas, jóvenes y profesores universitarios, organizaciones de derechos humanos y dirigentes campesinos se mezclaron en colchones, baños y guisos de leña, con los habitantes permanentes del lugar: los desplazados de la región, que usan la sede como paso a otras ciudades.
Apenas llegamos, uno de los dirigentes locales da un detallado panorama de la situación: “la ciudad está completamente militarizada y llena de servicios secretos, ha habido secuestros y asesinatos de dirigentes, lo mejor es que no se alejen de la sede a no ser que vallan acompañados por alguien de acá”. Los guardias militares que custodian la sede sacan fotos de los asistentes y se acercan intimidantes al lugar. Sabida la complicidad del gobierno con los grupos paramilitares y la fama del famoso batallón XVIII de Saravena, su sola presencia es intimidación.
Desde el 2002, poco después de su asunción, el presidente Álvaro Uribe Velez declaró al municipio de Saravena “Zona de Rehabilitación y Consolidación”, con plenos poderes al ejército y la prohibición del ingreso de extranjeros salvo autorización. Desde entonces ha habido 3.500 detenciones arbitrarias, incluyendo candidatos opositores, líderes sociales y testigos de crímenes del ejército o los paramilitares, en complicidad con la Oxy Petroleum, que tiene en la región su principal pozo extractor: el de Caño Limón.
“El oriente colombiano a raíz de la explotación petrolera y otros megaproyectos que tienen que ver con nuestra posición geoestratégica, como el canal seco que va a unir Ecuador, Colombia y Venezuela, ha venido sufriendo muchas situaciones de violación a los derechos humanos, como la masacres de Santo Domingo o Caño Seco, o el asesinato de líderes sociales por sicarios que se mueven dentro de los cordones de seguridad que la policía tiene en el municipio”, explica Juan Carlos Torregrosa, de la Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra.
El 13 de diciembre de 1998 una bomba cluster cayó en la vereda de Santo Domingo, provocando 17 muertos (7 niños) y 25 heridos. El atentado contra los dirigentes sociales reunidos en el lugar fue en principio adjudicado a las FARC, pero luego se encontraron las pruebas de la responsabilidad del ejército, con la asesoría de un avión Skymaster (que dio las coordenadas para el bombardeo) contratado por la Oxy.
La empresa también está acusada, entre otras cosas, de violar el Santuario de Flora y Fauna de Arauca, y arrojar al río Caño Limón 250.000 barriles de petróleo, del asesinato de un niño que en la Semana Santo del 2002 se internó en la zona de explotación para cazar chiguiros (como perdices) y de poner en riesgo a sus empleados, que tienen que convivir con las fuerzas militares que hacen el mantenimiento de sus armas en los talleres de la multinacional.
Un mismo negocio, una misma estrategia
“A finales de los ochentas las petroleras llegaron y compraron todo. Al que no vendía lo expropiaban. Comenzaron las masacres paramilitares, las detenciones masivas...si uno iba a la tierra del vecino lo llevaban preso por conspirar”, explica.
Uno de sus hijos murió en Santo Domingo, otro tuvo que huir desplazado a Bogotá, donde tuvo la suerte de estudiar ingeniería y dedicarse a trabajar en una organización de derechos humanos. “Los paramilitares lo mataron en Pasto, no pude ni ir a recoger el cuerpo”, cuenta.
Su otro hijo está exiliado en Venezuela, su mujer murió de pena, sus dos hijas viven en el campo, pero no puede visitarlas porque está amenazado. Tras las fumigaciones de glisfosato murieron la mitad de sus cabras y se quedó sin su plantación de plátano. Pero él siguió resistiendo en su tierra, hasta que la escalada en los conflictos entre el ELN y las FARC por el dominio de los campos de coca de la región terminaron por desplazarlo nuevamente en mayo del año pasado.
“Yo sé que mi destino es la muerte o la cárcel, pero que más, si voy para otra lado va a ser mas fácil eliminarme. Aquí si me llevan preso le avisan a los compañeros. Y si me matan me entierran y dicen que era un luchador”, confiesa con una tristeza sin posibilidad de rencor.
Isaac Marín, es miembro de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-Pacc), un grupo de líderes sociales desplazados que brinda asesoría a otras comunidades en riesgo. Si se cambia Casanare por Saravena, y British Petroleum por Oxy Petroleum, su historia no es diferente a la de Excelino: “Cuando aparece la bonanza petrolera, con grandes titulares en los medios de comunicación, pequeños poblados con un promedio de 5.000 o 12.000 habitantes, con una infraestructura muy incipiente de servicios públicos, educación, vivienda... reciben una avalancha de inmigrantes que triplicó su población, generando desempleo, inseguridad, brotes de enfermedades contagiosas, rompiendo los procesos organizativos... Ante esto ni el estado ni la empresa privada respondió, porque para ellos son solo efectos colaterales del desarrollo de los megaproyectos. En aras de generar el máximo de utilidades, la BP no ha respetado a las comunidades, ni los recursos naturales: el agua, el bosque, la biodiversidad, desconociendo las normativas nacionales y locales”.
Viendo la experiencia de la Oxy en Arauca, la empresa apostó rápidamente por una estrategia de seguridad, donando 7 millones de libras al ejército colombiano para la creación del Brigada XVI (como la Brigada XVIII de Arauca, acusada de múltiples violaciones a los derechos humanos), contratando a la empresa Sistema de Defensa Limitada (formada por ex agentes de servicios de inteligencia de Gran Bretaña) para que entrene grupos militares y paramilitares
“Es una extraña coincidencia que los paramilitares hallan llegado a Casanare cuando se inicia la explotación petrolera, diciendo que los que no aceptaran las pírricas condiciones que ofrecía la BP iban a sufrir graves consecuencias, amenazando, desplazando o asesinando dirigentes valiosísimos”, sospecha Isaac.
Cuando se le pregunta por la cifra de víctimas, aclara: “no tenemos una estadística muy precisa porque la arremetida paramilitar desarticuló los movimientos sociales de tal manera que los únicos organismos que pudieran hacer esto eran las personerías municipales y defensorías del pueblo, que son supuestamente las encargadas de velar por los derechos humanos. Pero estos funcionarios también estuvieron amenazados”. “También ha habido detenciones masivas y muchos líderes sociales han sido señalados de colaboradores de los grupos insurgentes y han estado presos en las cárceles”, agrega.
Buscando una justicia nueva
Durante los tres días de la audiencia preliminar (de la que no participan los jueces) diferentes oradores analizaron la estrategia de la Oxy, la BP, y Repsol en el mundo, el continente, y las regiones colombianas, presentando los informes que luego serán analizados por el tribunal conformado por personalidades del mundo en derechos humanos. “Esta audiencia ha sido un ejercicio muy bonito para la población araucana y de otras regiones, que han venido resistiendo desde hace 25 años. La preparación de estos casos nos permitió tener una información muy valiosa para continuar las demandas contra las multinacionales por los crímenes que vienen cometiendo en Colombia. Pero lo más importante es que permitió que la población entienda cuales son realmente las causas que generan la violencia, y esto necesariamente tendrá que generar un mayor fortalecimiento en aras a la movilización y la exigibilidad hacia estas empresas y el gobierno para que respeten los derechos humanos, y reparen los daños que han causado”, aclara Edgard Paéz, director de Sinaltrainal, el sindicato que convocó la sesión del TPP en Colombia, tras haber juzgado a Coca Cola, Nestle y la Oxy en Estados Unidos y Europa.
“Uno ve que la justicia interna no funciona, y uno sigue intentando. Pero también debemos recurrir a otra clase de justicia alternativa”, aclara Jairo Enríquez, director de la Fundación Sembrar, que en el 2003 convocó en París al TPP para acusar a la multinacional Anglogold Ashanti por lo crímenes paramilitares en el Sur de Bolívar.
“Es importante porque a pesar de que sus decisiones son más en el campo ético y político que en el campo jurídico, va a ayudar a que de una vez por todas la comunidad internacional sepa lo que estamos sufriendo los araucanos”, aclara Torregrosa, poco antes del cierre del encuentro con un asado llanero en una de las granjas autosustentables de las Organizaciones Sociales de Arauca.
RECUADROS
Casi cuarenta años juzgando crímenes de lesa humanidad
A partir de la muerte de su fundador, el senador italiano Lelio Basso, en 1979, el TPP se ha reunido en 31 ocasiones para juzgar gobiernos, empresas y organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.
“Es una justicia popular alternativa, con 130 hombres y mujeres de alta ética y moral muy conocidos internacionalmente con un perfil muy alto en diferentes sectores. El tribunal tuvo su primera sesión en abril del año pasado en Bogotá, donde se juzgó a las multinacionales del sector agroalimentario. Mostramos el caso de Nestle, que tuvo que ver con la muerte de diez compañeros sindicalistas, la precarización de la mano de obra, la contaminación de los ríos, y el reempaque de leche en mal estado que fue distribuida en Colombia y Venezuela. El de Coca Cola, que tuvo que ver con el crimen de ocho compañeros, el cierre de plantas, los despidos masivos, contaminación, y el señalamiento contra líderes sindicales, acusándolos de terrorismo y rebelión, por lo que fueron judicializados sin que se les encontraran pruebas (pero se tuvieron que ir del país o su región por la estigmatización que esto conlleva). También se juzgó a la empresa Chiquita Brands por el desembarco en su zona franca de 3.000 fusiles AK 47y cinco millones de tiros con destino a los paramilitares”, cuenta Paez.
En noviembre se juzgó en Medellín a las multinacionales del oro (Anglogold Ashanti, Corona Goldfield, Conquistador Mines), y en febrero a las de Biodiversidad (Monsanto, Urapalma, Dyncorp, Delmonte), que sumadas a las sesiones de petróleo, carbón (Glencore, Angloamerican, BHP Billiton, Drummond) y servicios públicos (Unión FENOSA, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica), conducirán a un fallo final, el año que viene, el 22 de julio (día mundial contra las políticas de las multinacionales).
“También estamos hablando con la Organización Indígena de Colombia (ONIC) que está decidiendo si realizamos una séptima audiencia para juzgar a las multinacionales por el etnocidio que vienen cometiendo. Queremos que quienes juzguen sean indígenas ecuatorianos, bolivianos, si en los Estados Unidos quedan, o en Canadá. Que vengan a Colombia, reciban las quejas de los pueblos colombianos, recojan todas las pruebas y puedan condenar”, anuncia Páez.
“Estamos muy contentos porque es la primera vez que en el mundo que se va a hacer este tipo de iniciativas de juzgamiento ético y moral de la política de las multinacionales. Con esto le apuntamos no solo a Colombia, sino a todo Latinoamérica. Porque son las mismas, cometiendo las mismas arbitrariedades”, se esperanza.
La sangre de la tierra
“Desde el momento en que la comunidad se enteró de la concesión, se negó a la explotación, porque el petróleo es la sangre de la tierra”, explica Evaristo Tegria, integrante de Aso UWA, que aclara que “estos encuentros son fundamentales para intercambiar estrategias e información para revertir las políticas de las multinacionales”.
“Repsol dice que no hay impactos ambientales pero nosotros hemos visto reducirse el agua de las cañadas, la vegetación...y los terrenos que antes era fructíferos para alimentar nuestras comunidades ya no lo son. Ya no nos alcanza para la subsistencia. Se ha visto la presencia militar que no se saben a donde y van y de donde vienen, las aguas están contaminadas y ya los niños crecen deformados y desnutridos. Se trata de la destrucción de nuestra cultura y territorios”, explica José Perico, vicepresidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del departamento de Arauca.
Se regala oro negro.
“El proceso de privatización ya se venía gestando pero tuvo una fuerte arremetida desde la llegada de Uribe”, aclara el experto que advierte que “en unos cinco años ECOPETROL para cargar sus propias refinerías va a tener que comprarle crudo a las multinacionales a precio internacional”.
El actual presidente de Colombia le quitó el manejo integral de la exploración y la explotación petrolera, creando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que ahora le entrega los pozos a las multinacionales junto con toda la información sísmica y geológica recogida por la empresa estatal, que además, corre con los gastos de cualquier avería en los oleoductos (en un país donde los atentados y el robo de petróleo son casi deporte nacional). También reformó la ley de regalías reduciéndolas del 20 al 10% y planea privatizar la refinería de Cartagena.
“Es una refinería que va a duplicar su capacidad, lo que sumado a la calidad de su producto y sus dos puertos privados, ubicados estratégicamente cerca de los Estados Unidos, la hacen la más importante de Latinoamérica”, explica.
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