El negocio del oro verde (los lobos tienen disfraz de ecologistas)

El biodiesel o la conservación de la biodiversidad son algunas de las soluciones de los detractores del modelo petrolero de George Bush en Estados Unidos y Europa. Pero como en todas las soluciones que surgen de ese rincón del planeta, también hay dividendos para los gobiernos, las ongs y las multinacionales que apuesten por ella, en un negocio que en Colombia, en complicidad con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares, ha generado altos índices de bioviolencia. 

El planeta está en peligro, y los demócratas encabezados por el ex presidente Al Gore han puesto sobre la mesa en Estados Unidos el debate sobre el uso del petróleo (fomentado por el gobierno de George Bush) frente a otras fuentes de energía, como el biodiesel.

Además de la soya (que cubre casi toda la Argentina), y la caña de azúcar (que como cuenta Eduardo Galeano solo para endulzar ya desertificó Haití y el norte de Brasil, además de la región del Valle del Cauca), una de las principales fuentes de biodiesel es la palma africana, cuyo aceite también sirve para usos industriales (como freir las papas fritas de Kraft o Pepsi Co Snacks).

El principal exportador de este producto en Latinoamérica (y el cuarto en el mundo) es Colombia, donde esta planta tropical de origen guineano comenzó a ser explotada en 1945 por la United Fruit Company como actividad complementaria a la producción bananera. A mediados de la década del 60, existían 18.000 ha sembradas, que crecieron a 150.000 ha en la actualidad y que según los planes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (que promociona este producto milagroso como sustituto de las devaluadas exportaciones de café, banana o caucho) podrían ampliarse a 3,5 millones en cinco años.

“En Colombia hay 4 millones ha de producción agrícola. Si al cultivo de palma africana que planea el gobierno le sumamos el caucho, el cacao, los frutos secos, y otros productos de exportación. ¿Qué van a comer en este país?”, se pregunta el investigador irlandés Gearóid Ó Loingsigh. “Desplazar la producción de alimentos básicos o tumbar selva. Yo creo que va a ser una combinación de las dos”, se responde inmediatamente.

“Colombia pasó de ser exportador a importador neto de alimentos. Estamos importando mas de 8 millones de toneladas de maíz, sorgo, arroz, frijol, papa, plátano...”, asegura Germán Vélez, director  de la Fundación Semillas.

Pero ese no es el único problema de los megaproyectos de palma africana.

Según un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), estos cultivos han generado grandes impactos ambientales derivados de las obras de infraestructura, cambios en el uso del suelo y la tala de bosque, que ha generado, además, explotaciones ilegales de madera.

“Son monocultivos que tienen impacto sobre la biodiversidad, alteran los ciclos biológicos del suelo, el agua, y como es altamente intensivo en insumos, requiere aplicaciones muy fuertes de agroquímicos, que tienen un gran impacto en ecosistemas muy frágiles, como la selva tropical, donde la única forma de agricultura sostenible es la de policultivos, como siempre han hecho las comunidades negras”, aclara Vélez.

Las comunidades negras son otro problema de (o para) los megaproyectos de palma africana: “En los territorios donde se dan estos cultivos, como el Chocó o el Urabá, hay asentamientos de afrodescendientes o indígenas. Cualquiera que quiera decir esta tierra es mía es desplazado. Te vas o en el mejor de los casos vendes barato. Existe una famosa multinacional que se llama Urapalma que ha sido uno de los grandes financiadoras de los paramilitares, cuya función es crear terror, y matar a lo líderes sociales que se opongan a estos proyectos”, explica Leonardo González Perafán de la Fundación Indepaz

“Alrededor de estos proyectos (que van a beneficiar a multinacionales como Unilever) está el problema del Plan Colombia y de la paramilitarización del país”, aclara Edgard Paez, director de Sinaltrainal, sindicato que ha convocado en Colombia al Tribunal Permanente de los Pueblos para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de las multinacionales en el país.  

Según el Incoder, el 93% de los campos de palma africana de la empresa Urapalma están ubicados en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

Según la Comision Intereclesial de Justicia y Paz, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (uno de los mayores lugartenientes de la región), estas comunidades han sufrido 106 asesinatos y desapariciones, 13 desplazamientos, 19 saqueos y quemas de caseríos y 15 torturas, de los cuales “no existe una sola investigación abierta a pesar de que los acusados están identificados e individualizados”.

Con una pequeña ayuda de nuestros amigos

“Hace algunos años el ex presidente Cesar Gaviria, presidente de la OEA, concedió un premio de conciencia ciudadana a la Chiquita Brands, que es público, hay juicios y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanaos de la OEA lo está investigando, ingresó por el puerto que tiene de zona franca de Turbo 3.000 fusiles ak 47 y 5 millones de proyectiles para los paramilitares”, cuenta indignado el antropólogo Humberto Motta.

Además del ejército, el gobierno y los paramilitares, las multinacionales de la palma africana cuentan con el apoyo de Estados Unidos y Europa y sus organismos de cooperación internacional.

“En el Choco, Usaid ha financiado proyectos de palma africana en terrenos usurpados por los paramilitares. También en Monterrey (Sur de Bolívar) y Tibú (Norte de Santander), donde tanto Uribe como su ministro de agricultura (Andrés Felipe Arias) han hablado de la necesidad de sembrar palma. Esta fue también, la primer zona ocupada por el bloque Catacumbo (de Salvatore Mancuso)”, detalla O´Loingsigh.

“La Unión Europa en una hábil maniobra, monta en territorios desolados por los paramilitares, como el Magdalena Medio (Sur de Bolívar), supuestos Laboratorios de Paz con megaproyectos de este tipo ¿Qué pasa con la biodiversidad?, queda desplazada, ¿que pasa con las semillas?, quedan desplazadas, ¿qué pasa con el saber de esas poblaciones que ancestralmente han vivido en esos territorios, con su historia y memoria?, quedan desplazados”, explica Motta.

“Los Laboratorios de Paz llegan con un trabajo político-social de cambiar la mentalidad de la gente, con un modelo que ellos llaman alianzas estratégicas, donde las comunidades firman acuerdos con empresas de palma africana, oro o carbón. Es un pacto social entre los que fomentaron y financiaron el paramilitarismo y sus víctimas”, asegura O´Loingsigh.

“En 1998 las comunidades del Sur de Bolívar tomaron la ciudad de Barrancabermeja y negociaron un acuerdo con el gobierno que se llamó Plan Integral, elaborado por ellas mismas y que era abiertamente anti neoliberal. Al año de ese acuerdo muchos de los dirigentes fueron desparecidos, asesinados o judicializados (500 personas que habían participado en la movilización perdieron sus vidas) y surgió otro plan elaborado por los Laboratorios de Paz, y los gestores del Banco Mundial, que es un plan agroexportador y de alianza estratégica. Ahora en las comunidades ya nadie pelea por El Plan Integral y están plantando palma africana o cacao”, explica.

Si las comunidades no aceptan, hay otras opciones de mano de obra barata: desplazados de otras regiones y hasta proyectos con paramilitares reinsertados por la Ley de Justicia y Paz de Uribe.

“Las multinacionales se han dado cuenta que para asegurar las inversiones en este país hay que asegurar la paz. Pero el proceso de paz no es un proceso desinteresado. No les interesa paz sino estabilidad, no les interesa que las víctimas tengan justicia, sino que se conformen con lo que halla, con lo que le den. Porque una víctima peleando por sus derechos crea problemas de inestabilidad política. Si una multinacional se hizo con una mina de oro mediante la violencia, y los desplazados se ponen a pelear ese tema, la empresa pierde. En el Cesar, que es un departamento palmero por excelencia, muchos empresarios han hablado abiertamente de buscar fondos internacionales para proyectos de reinserción de los paramilitares”, aclara el autor de “La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio colombiano”.

RECUADROS

El Plan Colombia europeo

“Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica donde la Unión Europea tiene una estrategia de su ayuda externa, o ayuda al desarrollo, como a ellos le gusta decir. Y esa ayuda tiene la forma de los Laboratorios de Paz, que tienen todo un bagaje ideológico y práctico.”, explica O´ Loingsigh.

Eso no es casual: “Europa es el mayor inversionista en Colombia. Está compitiendo con los norteamericanos y está ganando la batalla: los recursos naturales están pasando a manos europeas como Suez, Aguas de Barcelona, Repsol, Telefónica. Europa ya consume más de la mitad del aceite de palma colombiano (especialmente Inglaterra y Holanda), y hay un acuerdo de duplicar la producción de cacao para el 2015. ¿Cómo? Dando préstamos (que luego tienen que devolver con altos intereses) a los campesinos  para que lo exporten a Europa. Lo que están es subvencionando indirectamente a sus empresas (como la suiza Nestle) para que tengan materia prima barata”, se queja el experto y detalla el mecanismo de exportación de las multinacionales: “los campesinos reciben apenas el 6% de todos los créditos agrícolas que da el gobierno y, por supuesto, ninguno de exportación. Estos créditos se los queda Nestle Colombia, que exporta café a Suiza, lo tuesta y lo manda para otro lado. Y ni siquiera eso. El principal exportador de café verde del mundo es Alemania. Compra el café, lo lleva a Europa y sin hacerle nada lo exporta. Porque el café alemán vale más que el colombiano. Lo mismo pasa con otras multinacionales con otros productos”.

A pesar de ser más solapada, la estrategia de los gobiernos europeos no es diferente a la que intenta llevar adelante Estados Unidos con el Plan Colombia.

“Si miramos los proyectos de la UE vemos que hay una continuidad entre el Plan Colombia y los Laboratorios de Paz. Se apuesta al mismo modelo de desarrollo agrícola, promocionando los mismos monocultivos, en las mismas zonas, utilizando las mismas agencias de cooperación: el Banco Mundial y Usaid”, aclara

Conservando el medio ambiente (para después explotarlo tranquilamente)

Las organizaciones de conservación internacional y los estados desarrollados también tienen su bionegocio (relacionado con la bioviolencia): “Hay ongs que dizque cuidando la biodiversidad y el medio ambiente viven de la venta de la soberanía nacional. El Banco Mundial dice que para cuidar el medio ambiente hay que impulsar no solo el ecoturismo, sino también el mercadeo de recursos genéticos y la biodiversidad agrícola, y el agua, por supuesto. Dentro de este esquema uno encuentra el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, que inicialmente abarcaba centroamérica, pero que en los mismos documentos del organismo se extendió al Choco Biogeográfico, que llega al norte de Perú. Ese proyecto está manejado por Conservación Internacional, una transnacional que recibe recursos de Monsanto, Mc Donalds, Coca Cola, que embotella agua, que tiene un buen historial en el mundo de violación de los mismos derechos humanos promulgados por la Naciones Unidas. Y lo digo en el sentido de que son socios en los negocios a nivel mundial: Coca Cola y Naciones Unidas”, denuncia Motta, que acude bastante agitado a la entrevista, en un café de Bogotá, después de haber chequeado vía telefónica con Popayán nuestras referencias.

Motta es antropólogo, pero se dedicó a la poesía, actividad que tuvo que abandonar para escribir “Gramática de la Barbarie” y “La biodiversidad es la cabalgadura de la muerte”, donde detalla la vinculación entre las matanzas paramilitares contra de pueblos originarios de la región del Naya y el Urabá (en el sur y norte del chocó biogeográfico), con el ejército, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (y todos sus antecesores) y los megaproyectos de biodiversidad. Actualmente trabaja con las poblaciones campesinas del páramo de Sumapaz, una de las mayores fuentes de agua potable de Colombia y Latinoamérica.

“Andan bombardeando, fumigando, para sacar a los descendientes de los desplazados que ellos mismos ubicaron ahí en la década del 50. Es un desplazamiento sobre desplazamiento”, aclara. En una reunión con las comunidades campesinas de la región despareció la computadora portátil de una de sus compañeras de trabajo, con importante información sobre sus investigaciones y los colaboradores involucrados.

“Tuvimos que esconder a la compañera, esperando para refugiarla en Europa. Pero igual ahora todos nos sentimos amenazados”, comenta antes de comenzar a relatar una de las mayores afrentas contra la soberanía de los recursos ambientales colombianos: “El gobierno colombiano ya ha firmado con los Estados Unidos y Canadá el canje de deuda externa por naturaleza. Son unas 4 millones de hectáreas con recursos estratégicos en el páramo de Sumapaz, la Sierra Nevada de Santa Marta y el parque nacional Tuparro, en el Vichada (donde se concentran los megaproyectos de caucho y palma africana)”.

La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra a orillas del mar caribe. Desde la costa (donde está el Parque Natural Tayrona, en cuyas aguas Exxon Mobil planea explotar petróleo) hasta el pico Bolívar, se pueden encontrar muestras de todos los ecosistemas del planeta.

La montaña, con corazón de cuarzo, es tierra ancestral de los indígenas coguis, arhuacos y kankuamos, que han sufrido numerosas matanzas por parte de paramilitares en acciones que ya han sido calificadas de “etnocidio” por la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y de DDHH de los Pueblos Indígenas de Colombia convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 260 indígenas kankuamos han sido asesinados en los últimos años.

¿Como es el sistema?

“Es un modelo de tres patas: Estados Unidos, el gobierno colombiano, y tres transnacionales que son la WWF, Conservación de la Naturaleza (TNC) y Conservación Internacional (CI). Estados Unidos y las ongs deciden cuales son los territorios que a su criterio están amenazadas”, explica Motta. Estos territorios no sólo cuentan con recursos estratégicos sino que están ocupados por poblaciones ancestrales. “Poblaciones que ellos consideran sobrantes, como dijo (el ex presidente español José María) Aznar, o no viables como dice el Banco Mundial”, aclara.

“El problema de fondo es que se invisibilizan las formas tradicionales de agricultura, el papel que juegan los indígenas y los campesinos en la conservación de la biodiversidad”, dice Vélez. “Los países que se llaman industrializados le cobran a las poblaciones explotadas el costo de la huella ecológica que ellos mismos han generado a través de su modelo de depredación capitalista”, explica Motta.

Leyes a medida

Entre las numerosas acusaciones que se levantan contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez está la de haber desmontado todo el aparato de control estatal sobre el medio ambiente.

“Lo que ha pasado en el Ministerio de Ambiente es una vergüenza. Este organismo llevaba unos quince años intentando articular y fortalecer una política ambiental nacional coherente, y de la noche a la mañana se desmanteló completamente, pasó a ser una oficina de tercera categoría donde solo se legitimiza la ilegalidad de toda esta privatización de los recursos, haciendo que las licencias ambientales sean más fáciles y rápida, se queja Vélez. “Se está definiendo quien va a controlar los recursos naturales, forestales, hídricos... en los próximos años, y el estado esta haciendo todas las  adecuaciones para esto. Se acaba de aprobar la ley forestal, la ley de aguas esta otra vez sobre la mesa para ser discutida, se está aprobando la ley de reforma rural, son todos andamiajes de una misma maquinaria que converge a poner a disposición de los inversionistas todos estos recursos estratégicos, que es lo único que tiene Colombia para competir en le mercado global”, explica.

“El gran ensayo normativo institucional que se hizo en Chile durante la dictadura de Pinochet se exporta a toda Latinoamérica como un gran modelo, cuando el Código de Minas de este país ha entregado en condiciones ventajosas la explotación de cobre a las grandes multinacionales, y el Código de Medio Ambiente les dio toda la pesca industrial en el Pacífico, sancionando penalmente a los habitantes de la costa que compiten con ellas. Para eso están las diferentes leyes de seguridad nacional. Y vamos encontrando como todo este ajuste normativo comienza a darle una unidad de cuerpo a toda la región en busca de montar la infraestructura físico-comercial para el gran mercado internacional”, detalla Hernando Gómez de Le Monde Diplomatique.

La revolución legislativa de Álvaro Uribe Velez incluye desde la aprobación de semillas transgénicas al permiso para barcos extranjeros de descargar en territorio colombiano desechos tóxicos, y una Ley de Minería que convirtió a Colombia en el único país del mundo en permitir la explotación urbana (por los intereses de Cemex de México y Holcim de Suiza en los yacimientos de cemento en los barrios marginales, desplazados, de Ciudad Bolívar y Casuca, en Bogotá). La ley dio el control ambiental a las multinacionales, que no pueden ser demandados por ciudadanos comunes. También penalizó la pequeña minería (que hasta hace poco representaba el 80% de la producción de oro del país).  Todo en un contrato de regalía fija para todo el período de explotación, con exención de impuestos nacionales y departamentales, que las multinacionales pueden dar por cancelado, pero el gobierno no. La Ley de Bosques no cedió a las multinacionales el producto del suelo en las zonas madereras, pero si el “espacio aéreo” sobre él (es decir los bosques)

La reforma agraria ha recibido denuncias de numerosas organizaciones de derechos humanos por ser lisa y llanamente un método de traspaso de los territorios de los desplazados, ahora en mano de paramilitares, a las grandes multinacionales.