La abundancia que trae guerra (el verdadero Plan Colombia)
Rebosante de recursos naturales de los viejos (petróleo, oro, uranio) y los nuevos (agua, posibilidades de energías alternativas, biodiversidad), y con una posición geopolítica estratégica, el país que preside Álvaro Uribe Vélez es el centro de una complicada trama de conspiraciones de los grandes capitales internacionales que, ayudados por el gobierno y grupos paramilitares, quieren apropiarse de todo, pasando por encima de pueblos indígenas, negros y campesinos, organismos de derechos humanos, líderes sociales y sindicales. 
Si uno buscara una lista de palabras para definir a Colombia, abundancia sería una de ellas. Es el segundo país con mayor variedad de frutas, con dos cosechas al año, dos mares, tres cordilleras que al unirse dan nacimiento a tres de los cinco ríos más importantes de Latinoamérica (el Orinoco, el Amazonas y el Magdalena), paisajes, fiestas, ritmos musicales y tesoros arqueológicos que dejan pasmado a cualquier extranjero que se atreva, 80 pueblos originarios con 64 lenguas vivas, oro, petróleo, carbón, níquel, uranio, esmeraldas, y algunos de los principales recursos del tercer milenio: fuentes de agua dulce, oxígeno, energía y biodiversidad. Colombia cuenta con casi 365 días de sol al año, un alto nivel de vientos, una orbita geoestacionaria ideal para las retransmisiones satelitales, 68% de los páramos (grandes ecosistemas reguladores de agua) del mundo, y con 0,7% de la superficie mundial, el 10% de su biodiversidad (56.189 especies vegetales, 1.752 aves, 358.000 mamíferos, 583 sapos, y sobre su costa pacífica, una de las regiones con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta: el Chocó).
Sin embargo, toda esta abundancia es para muchos colombianos la causa de otra de las palabras que perfectamente podrían caracterizarlos: guerra.
“Si hace 40 o 50 años los pobladores de Irak me hubieran preguntado por qué iba a haber una guerra, mi respuesta hubiera sido clara: están parados en el centro energético más importante del planeta. Así que si hoy ustedes me preguntan por qué los están matando, la respuesta es simple: están parados en uno de los centros hidrográficos más grandes del planeta. No es casual que Valencia (Cauca) sea el tercer territorio con mayor número de hombres armados del mundo”, les explica en una charla a los indígenas ambalueños, Hernando Gómez, precandidato a alcalde de Bogotá por el Polo Democrático, y columnista de Le Monde Diplomatique.
Ya en su pequeño departamento del barrio de Chapinero (de donde fue intendente en dos ocasiones), Gómez (que cuenta con una lista interminable de estudios académicos) detalla pacientemente sus viajes detrás de los planes de infraestructura del capital internacional en el continente. Planes que según él, llevan más de un siglo de metódica elaboración y que tienen como único objetivo: “garantizar el flujo de mercados con la mayor tasa de ganancias, sin interesar los costos sociales y ambientales, atravesando ecosistemas estratégicos, desforestando, implementando formas de explotación no orgánicas para poder sacarle el mayor rendimiento al suelo, acabando con los bosques húmedos tropicales, con territorios sagrados de las comunidades indígenas, desplazando campesinos, generando condiciones de violencia y guerra en muchos territorios”.
Gómez muestra un mapa de los grandes megaproyectos en Colombia (biodiversidad, petróleo, oro, el canal Atrato-Truando, paralelo al de Panamá, la ruta panamericana, los grandes puertos, oleoductos, gaseoductos, y proyectos de palma africana para elaborar biodiesel). Después muestra un mapa de los grupos paramilitares que aun no se han desmovilizado por la ley de Justicia y Paz promulgada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La coincidencia es asombrosa.
Pero hay otra coincidencia quizás más sangrante: casi todos estos territorios están habitados por pueblos originarios, ya sean indígenas, negritudes o campesinos.
Es está gama heterogénea de seres históricamente marginados por el poder la que hoy en día inunda a manera de indigencia las grandes ciudades de Colombia, convirtiéndola en el segundo país después de Sudán con mayor número de desplazados (casi cuatro millones).
“La causa principal del desplazamiento tiene que ver con una lógica de despoblamiento. Muchas zonas consideradas periféricas en el pasado, son ahora el centro de la atención de grandes capitales nacionales e internacionales. Se expulsa a la población para desarrollar megaproyectos de todo tipo: yacimientos de oro en el sur de Bolívar, proyectos de biodiversidad en el Chocó, pozos petroleros en el Putumayo o los Llanos Orientales, carbón en La Guajira, y palma africana en el Magdalena Medio, Norte de Santander y el Urabá antioqueño”, explica Marcos Romero, director del Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento).
Parados en una mina de oro
“La mayoría son desplazados que llegaron de muchas regiones después de la Violencia (la guerra civil entre liberales y conservadores de los 50as) y se internaron en zonas muy montañosas, construyendo diferentes formas de vida, entre ellas la extracción artesanal de oro, que les ha dado un poquito para vivir”, describe Jairo Enríquez, director de la Fundación Sembrar, hablando de los campesinos que habitan en los territorios del Sur de Bolívar, donde una tal familia Hilera Palacios solicitó la posesión de las tierras.
“La justicia finalmente le dio el derecho de propiedad a los campesinos, que vieron la importancia de solicitar los títulos de explotación minera”, cuenta. Cuando quisieron hacerlo, las sorpresas comenzaron a aparecer: ya había una solicitud de explotación por parte de una tal sociedad Kedahda, con domicilio en Islas Canarias, cuya accionista mayoritaria era la multinacional Anglogold Ashanti, acusada por Human Rights Watch de financiar grupos paramilitares para desplazar pobladores en Sudáfrica, República del Congo y Ghana. Solicitaban 163.000 ha (37.000 ya fueron concedidas) en la región, que según estudios internacionales es la reserva de oro más grande de latinoamérica.
La única directora colombiana de la Sociedad Kedahda es Luisa Fernanda Aramburu, la abogada litigante en el juicio de la familia Hilera Palacios y asesora del gobierno para la redacción del nuevo Código de Minas.
Como en los mapas de Gómez, donde están los megaproyectos, están los paramilitares: “Las primeras masacres empiezan justo en el 96, dos meses después de que Aramburu en una reunión que tuvo con las comunidades les dijera que la familia Hilera Palacios no estaba interesada en financiar paramilitares. Una alusión extraña, porque hacia referencia a estos grupos cuando aun no estaban operando en la región”, explica Enríquez.
Entre las víctimas de la primera masacre estaba Juan Camacho Herrera, un campesino socio de la Asociación de Agromineros del Sur de Bolívar (Asoagromisbol).
“A este señor le cortan la cabeza y juegan con ella. Luego la colocan en un palo apuntando hacia la serranía de San Lucas, que es donde están las mayores riquezas de oro, avisando que para allá es que van. Porque esas tierras iban a ser para quien iba a dar mejor uso de ellas”, relata.
“Nosotros conocemos en concreto el caso del Sur de Bolívar pero recurriendo a archivos de otras organizaciones sobre crímenes paramilitares se encuentra que en un 97% de los sitios donde la multinacional ha estado solicitando terrenos ha habido represión por parte de estos grupos. El 3% restante han sido municipios que han sido de un control tan grande que desde hace muchísimos años todo el mundo sabe que eso ocurre, pero ninguna organización ha podido documentar los casos. Por eso no aparecen víctimas”, asegura.
Anglogold Ashanti tiene solicitudes de explotación minera en 326 municipios de Colombia (más de 3.500.000 hectáreas), donde entre 1988 y 2003, 5.438 personas fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad y 610.110 fueron objeto de expulsión y apropiación de sus territorios por parte de paramilitares
A más rendimientos más guerra (a más guerra más rendimientos)
La violencia en el Sur de Bolívar, no sólo ha sido ejercida a través de grupos paramilitares, sino también del ejército colombiano, que ha instalado una base de alta montaña en la región para protección de las actividades de la Sociedad Kedhada.
“Las multinacionales buscan seguridad para sus inversiones. Las empresas mineras ya han dicho públicamente en este país que si van a invertir u$s100 millones en una mina de oro, poco les importa invertir dos o tres millones más en una base militar”, explica Gearoid O’Loingsigh, periodista irlandés autor de “La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio colombiano”.
La ecuación para las multinacionales es simple: “en el mercado mundial una mina de oro considerada de buena productividad produce 50 gramos por m3. Las del Sur de Bolívar producen 320. Mientras un ecosistema como el de los bosques canadienses alberga 120 o 160 especies por m2, el manglar chocoano tiene 3.200, y hay muchas que todavía no se han tipificado. La guerra focalizada tiene un rendimiento económico inmediato, y en algunos casos también genera plusvalor a través de otros elementos que no son propios del territorio como es el mercado de armas o el narcotráfico”, explica Gómez.
“Las multinacionales quieren este país porque todavía hay recursos públicos y naturales para privatizar. Los otros países son muy perneados por el capital internacional, la competencia es mayor, y el margen es menor”, aclara O’Loingsigh.
“Colombia por su ubicación geográfica es un punto de cruce de megaproyectos como el corredor biológico-mesoamericano, que es la versión verde del plan Puebla Panamá, donde hay gasoductos carreteras, represas, que ya están planteadas explícitamente en documentos del Banco Mundial y las Naciones Unidas. No son políticas que estén en secreto”, explica el antropólogo Humberto Motta, autor de los libros “Gramática de la Barbarie” y “La biodiversidad es la cabalgadura de la muerte”, donde detalla la vinculación entre las matanzas paramilitares contra pueblos originarios de la región del Naya y el Urabá (en el sur y norte del chocó biogeográfico), con el ejército y el gobierno colombiano, y los megaproyectos de biodiversidad de las multinacionales de conservación apoyadas por gobiernos, ongs y organismos internacionales de Europa y Estados Unidos. El verdadero Plan Colombia.
RECUADROS:
¿De quién es la droga?
Es precisamente en está región donde algunas organizaciones de derechos humanos de Ecuador denunciaron, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, operaciones conjuntas del ejército de su país con el de Colombia y los grupos paramilitares, con el apoyo logístico y económico de los Estados Unidos.
Poco antes de la reelección de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno de los Estados Unidos, en una publicitada conferencia de prensa, acusó a las FARC de ser el mayor cartel de narcotráfico del mundo.
“Bush en su afán de legitimizar a Uribe terminó haciendo una expresión incorrecta, no porque las FARC no trafiquen cocaína, sino porque su ubicación geográfica en el suroriente (lejos del mar), no es la más propicia para exportarla. El principal cartel exportador es el paramilitarismo, que además tienen un know how que monopolizan en términos territoriales (en la zona del pacífico chocoano y la costa caribe)”, explica el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, aclarando que la mayoría de los líderes paramilitares incluidos en la Ley de Justicia y Paz de Uribe (que entre otras cosas deja sin efecto cualquier extradición a los Estados Unidos) son ex integrantes de los carteles de la droga que dominaron el negocio del narcotráfico en los ochentas.
“El 70% de la coca que sale del país viene de los grupos paramilitares, que en muchos casos, como el cartel del norte de El Valle (Cali) se acogieron a la ley para no ser juzgados”, asegura Camilo González de Indepaz.
De todas maneras, los carteles colombianos no son los principales beneficiarios del narcotráfico: “El 85% de las ganancias se queda en los Estados Unidos y en Europa. En ese sentido es lógico que una de las exigencias del Plan Colombia sea la liberalización del flujo de capitales”, aclara O’Loingsigh.
¿Adónde rocíamos?
Sin embargo, los estudios de O’Loingsigh muestran algunas paradojas como la que se da en el Sur de Bolívar, una de las regiones más golpeadas por la acción de las fumigaciones (con dosis 26 veces más fuertes que las permitidas en los Estados Unidos) a pesar de que apenas concentra el 3% del total del área cultivada con coca y amapola. ¿Se rocía la coca o a los pobladores desgraciadamente parados sobre la mina de oro?
¿A quienes damos los fondos sociales?
Entre las denuncias contra el Plan Colombia está el manejo sospechoso de los fondos sociales a través de ongs vinculadas a grupos paramilitares. La Fiscalía General de la Nación investiga el secuestro masivo perpetrado por los paramilitares de 460 trabajadores contratados por el plan en Barrancabermeja (Sur de Bolívar), donde se les informó que debían cancelar el 10% de su sueldo (de u$s75 dólares) a esa organización, afirmando que ya existía un acuerdo con las empresas contratistas y que avisaran al resto de la población que quien quisiera trabajar con el Plan Colombia tenía que presentarse ante ellos. Las empresas nunca denunciaron el secuestro.
Una de ellas, la Cooperativa de Trabajo Asociado para el Desarrollo Social y Comunitario (Integrar), de la que provenían la mayoría de los secuestrados, es dirigida por Yiris Medina, dirigente del sector del Partido Conservador que apoya a Uribe.
Cien ongs que manejan recursos por más de u$s 200 millones del Plan Colombia son investigadas por la
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