Colombia: Porque amo la vida no consumo Coca Cola

Edgard Paez, director de Sinaltrainal, cuenta la historia de este sindicato colombiano, que tras 35 años de lucha y 8 muertos, ha logrado poner en tela de juicio a un sinfín de multinacionales por su vinculación con el terrorismo de estado en su país. A la campaña en contra de la mayor empresa de bebidas del mundo (con la cual convencieron a varias universidades de Estados Unidos e Inglaterra que dejen de consumir sus productos) se sumaron las sesiones en Bogotá del Tribunal Permanente de los Pueblos, que juzgará la política de Nestle, Chiquita Brand (United Fruit Company), British Petrolum y Unilever, entre otras. 

(Publicada en Hecho en Buenos Aires y el Street News Service en Mayo del 2006)



Sinaltrainal es un ignoto sindicato como cualquiera de los tantos que hay en Colombia y el resto de Latinoamérica. De hecho su sede en Bogota ni siquiera tiene un cartel que indique a donde se está metiendo uno, en plena zona de universidades y sedes de partidos políticos. Sin embargo, esta pequeña organización de apenas 2.100 afiliados ha logrado lo que muchos trabajadores apenas se atreven a soñar: enfrentar a las multinacionales más grandes del planeta en un mano a mano que está dando que hablar al mundo entero.
En los primeros días de abril, poco después de que las elecciones parlamentarias le dieran casi un 70% del congreso y la certeza de la reelección al presiente Alvaro Uribe, se reunió en Bogotá, por pedido de Sinaltrainal, el Tribunal Permanente de los Pueblos, de la Fundación Elio Basso, que de manera excepcional, sesionará durante dos años en Colombia para juzgar la vinculación de empresas como Coca Cola, Chiquita Brands (ex United Fruit Company, responsable de la llamada “Masacre de las Bananeras” en 1928), Nestle, Repsol, Shell o Unilever, con el terrorismo de estado.
Además, Sinaltrainal encabeza el boicot mundial contra la Coca Cola, a través de la denuncia que han hecho a nivel mundial del asesinato de ocho de sus dirigentes por medio de grupos paramilitares durante las negociaciones con la firma, en hasta en propio puestos de trabajo, con mensajes explícitos de que su vida corría peligro mientras se opusieran a las políticas de la multinacional.
Debido a estas denuncias, a principio de año la Universidad de Michigan suspendió la venta de Coca-Cola a sus 50.000 alumnos, ocasionando a la multinacional pérdidas estimadas en más 1,8 millones de dólares. En el Reino Unido, el proceso del veto al consumo de Coca-Cola está en marcha en 536 universidades. Por su parte el sindicato de correos de Estados Unidos, American Postal Workers Union (con 270.000 miembros) aprobó una resolución para sacar todos los productos de Coca Cola de sus instalaciones de correo postal. Al boicot se han sumado desde la Confederación General de Trabajadores (CGT) de España, hasta los sindicatos Verdi y Del Metal de Alemania, la Federación de Profesores de California, el municipio Roma XI (y varias otras alcaldías de Italia), y en Irlanda, las principales universidades, los sindicatos de maestros, 21 diputados del partido laborista, el Sinn Fein con sus 6 diputados y 5 senadores, además de dos senadores independientes.
Hace dos días que fue baleado Oscar Salas (integrante de una radio comunitaria del pueblo de Líbano, Tolima) durante una marcha en la Universidad Nacional. En un país donde aún quedan sin resolver los asesinatos a sangre fría de personajes como Luis Carlos Galán (firme candidato a presidente en 1989) o el comediante Jaime Garzón, el hecho es una anécdota más. Cualquiera que este al tanto de la realidad colombiana sabe que Edgar Paez puede desaparecer cualquiera día de estos.
Sin embargo, como si estuviera relatando algún partido del torneo de fútbol local, entre sorbos de su tintico (café), el director de Sinaltrainal, desmenuza la trayectoria del sindicato, que nació con un grupo de trabajadores de la empresa Nestle hace 35 años, y que a base de tozudez, y varios intentos, ha ido escalando en estrategias para enfrentarse a las grandes empresas y su consecuencia más directa: el hambre y la muerte del pueblo colombiano.
“Desde el principio los compañeros afiliados entendieron que el del sector agroalimentario es un problema que esta atravesado por el hambre que padecen todos los colombianos. Hemos hecho diagnósticos muy importantes sobre está problemática en el país, y hemos encontrado que las grandes transnacionales se han apoderado de la tierra, de la industria, y eso ha conducido a que halla un desplazamiento muy grande. En Colombia hay cerca de 4 millones de desplazados internos, 26 millones de personas que tienen algún grado de desnutrición, y cerca de 4 millones con la posibilidad de morirse en cualquier momento de hambre.
Entonces desde aquí se dijo: hermano, tenemos que buscar como proponer una salida a este problema. Comenzamos a buscar sindicatos de otros sectores de la economía para que hagan los mismos diagnósticos previos y generen propuestas para facilitar un modelo de desarrollo distinto para este país”.

Primer Intento

Hoy hay mucha información, y hace falta sacar mas, pero en cada uno de los sectores de la economía hemos visto que hay tres patas para el problema tan grave que se vive. Una es la de los recursos naturales, otra es la de las trasnacionales, y la tercera, la del terrorismo de estado. Colombia es un país muy rico: tiene oro, tiene petróleo, tiene carbón, tiene biodiversidad, aguas, lo que uno quiera. Como es un país muy rico las multinacionales vienen detrás de todos esos recursos naturales. Pero para que puedan beneficiarse de ellos es necesario que no halla comunidades organizadas que luchen para impedir que nos roben estos recursos que son de los colombianos.
Entonces las transnacionales necesitan quitarse del medio esa resistencia popular. ¿Cómo se la han venido quitando? A través del terrorismo de estado agenciado por gobiernos como el de Alvaro Uribe y todos sus antecesores.
Ese terrorismo de estado tiene como una de sus armas al paramilitarismo, que no es solamente el brazo armado, sino que es todo un proyecto económico, político, militar y social. A través del paramilitarismo se han venido arrasando poblaciones enteras, para poder explotar tranquilamente los recursos.
Nosotros como entidad iniciamos un proceso que a finales de los noventas se llamó “Colombia: Nunca mas crímenes de lesahumanidad”. Las organizaciones sociales y de derechos humanos hicieron un diagnóstico muy importante recogiendo mucha información. Y solo en un cuarto del país se encontraron 45.000 crímenes de lesahumanidad en la total impunidad. Se presentó ese informe y se hizo la campaña “Colombia clama justicia”.
Ahí nos dimos cuenta que todo lo que se lleve a la justicia colombiana no va a tener resolución. Hay una impunidad total, porque dentro de un sistema capitalista como este, el capital se construye sobre el crimen, sobres las desigualdades sociales, sobre las injusticias.

Segundo Intento

Nosotros decimos que esa política de las multinacionales hay que confrontarla en todas sus formas. Así que acudimos a la justicia de Estados Unidos para denunciar el caso Coca Cola. Aquí en este sindicato han matado 8 dirigentes a través de esta empresa.
Colocamos en las cortes de Florida cuatro demandas. Una por el asesinato de Isidro Gil, en el año 96, dentro de las instalaciones de la empresa. Otra por el secuestro de Jorge Leal, en Cúcuta, por parte de grupos paramilitares que lo torturaron por haber denunciado a la Coca Cola. Le expusieron fotografías donde él estaba encadenado frente a la empresa, le prohibieron que volviera a hacerlo y le mandaron el mensaje a sus compañeros: que si seguían denunciando los iban a matar. Otro crimen que se denunció fue el secuestro con fines terroristas por parte de grupos paramilitares de un trabajador de Coca Cola en Carepa. Estábamos negociando un pliego, y la empresa dijo que no iba a negociar, y que si tenía que acudir a los paramilitares para acabar el sindicato, lo iba a hacer. Y lo hizo.
La cuarta demanda es por la judicialización de la protesta social. Si usted le cayó mal a la Coca Cola, entonces va y dice que uno es guerrillero. Entonces, o lo matan los paramilitares, o la justicia colombiana, que está politizada, lo detiene y lo condena para beneficiar a la multinacional. No pasó nada.

Tercer intento

Entonces dijimos: ya la demandamos aquí, ya la demandamos afuera, pero esa es la justicia, la normatividad. Nosotros queremos salirnos de esa normatividad y que los pueblos juzguen a los criminales, porque son los pueblos los que están llevando la peor parte.
Entonces creamos unos Tribunales Internacionales de Opinión, que permitían develarle al mundo lo que estaba pasando en el país. Esos tribunales los conforman organizaciones sociales, personalidades, defensores de los derechos humanos, que reciben toda la información, cotejan, constatan, y juzgan.
Ejemplo: en Santo Domingo (Arauca, zona petrolera), en el año 99, la fuerza aérea colombiana dejó caer una bomba desde un avión. Mató 17 personas y dejó 25 heridos. Luego se descubrió que quienes escanearon la zona, indicando donde debía caer la bomba fueron los aviones y helicópteros de la Occidental Petrolum Company, que tenía intereses en la zona.
Entonces fuimos a Chicago e hicimos un juicio contra la empresa y el gobierno colombiano. Se condenó a ambos y se iniciaron acciones jurídicas tanto afuera, en los Estados Unidos, como aquí, en Colombia.
También juzgamos a la Coca Cola por crímenes de lesahumanidad, por desapariciones forzadas, asesinato de trabajadores y contaminación del medio ambiente.
Hicimos audiencias públicas populares, una en Atlanta, una en Bruselas, y otra en Bogota. Y en cada uno de esos escenarios participaron comunidades de esos países. En Bruselas hicimos la audiencia dentro del Parlamento Europeo.
Juzgamos a Coca Cola y la condenamos. Y le informamos que la habíamos condenado, para que cambie su política y repare a las víctimas. Le enviamos un pliego de 27 puntos que denominamos: “Propuesta de Reparación Integral”. Entonces Coca Cola dijo que no, que ella no tenía nada que ver con eso, que nosotros éramos un poco de pobres diablos, que quienes éramos para exigirle, si ella era la empresa más grande del mundo, el símbolo del imperio de los Estados Unidos, del sueño americano.

Cuarto intento

Entonces, como no nos pararon bolas, la audiencia dijo: si Coca Cola no responde, hay que presionarla. ¿Cómo podemos presionarla? Con una campaña de no consumo que se llama: “Como amo la vida no consumo Coca Cola”.
¿Esa campaña qué implica? Primero: no consumir Coca Cola. Porque si uno no consume Coca Cola no esta permitiendo que adquiera sus utilidades. El poder del consumidor es inmenso. Pero también que si uno no consume Coca Cola, diga: no la consumo por esto, por esto, y por esto. Que sea un no consumo crítico. Porque usted dice: no consumo porque me quiero solidarizar con el pueblo colombiano, porque están matando gente. Eso está bien. Pero también puede decir que no la consume porque le causa daños a la salud, y porque una partecita de cada Coca Cola que consuma va para la guerra. Coca Cola financió la campaña de Alvaro Uribe Velez y el Referendo, que fue una consulta popular para poder criminalizar al pueblo de Colombia por sus acciones de protesta. Coca Cola financió contras en Nicaragua, contras en Venezuela, fue uno de los artífices del bloqueo contra Chavez. En las bodegas de Coca Cola estaba almacenada la comida mientras el pueblo venezolano se moría de hambre.
Nosotros hemos tenido que asistir al entierro de nueve compañeros, tener que darle el pésame a las víctimas, tener que ver a los huérfanos llorar por culpa de la Coca Cola. Tenemos muchos desplazados, gente afuera del país, porque Coca Cola no quiere que los trabajadores se organicen.
Y si usted tiene dinero en bancos donde lo tiene Coca Cola, sáquelos. Porque uno no puede juntar sus ahorritos de trabajo con la plata criminal de la Coca Cola. Hay gente que tiene acciones en Coca Cola, que las retire.

Quinto intento

También fuimos a Italia y hablamos con la Fundación Lelio Basso, con el Tribunal Permanente de los Pueblos, le contamos el problema en Colombia, le dijimos que necesitábamos juzgar a las multinacionales por su responsabilidad en los crímenes que están cometiendo contra el pueblo colombiano.
Mandamos una propuesta de realizar seis sesiones de esa audiencia: agroalimentaria, oro, biodiversidad, petróleo, carbón, servicios públicos, y una séptima, que esta ahí en probabilidades, y que es para juzgar a las multinacionales por el etnocidio que se viene cometiendo en el país. Es un aniquilamiento de comunidades indígenas terrible, porque ellos están donde están los recursos naturales. La peor desgracia que uno puede tener en este país es vivir donde hay riquezas, porque ahí lo matan o lo sacan. Si usted está en un desierto donde no hay absolutamente nada, el capital no tiene un interés por uno. Pero aquí en Colombia no hay eso. Aquí en Colombia donde usted se pare hay lo que quiera.
Entonces la Lellio Basso dijo: listo, está jugando. El tribunal va a sesionar en Colombia durante dos años y medio para que el día 22 de julio, que es el día mundial contra las políticas de las multinacionales, salga un fallo final.

¿Será que lo consiguen?

“Estamos muy contentos, es la primera vez que en el mundo se va a hacer este tipo de iniciativas de juzgamiento ético y moral de la política de las multinacionales. Forma parte de la resistencia de Colombia contra esta política, pero también contribuye a la reorganización de la gente, a la reconstrucción de sus organizaciones, de las comunidades, y con estas comunidades reconstruidas, seguro que la movilización va a ser más contundente, para que el pueblo colombiano pueda luchar por sus derechos.
Con eso le apuntamos no solo a Colombia sino a toda América Latina. Porque las multinacionales son las mismas, cometiendo las mismas arbitrariedades. Y eso nos vas a generar a que contribuyamos a la unidad del pueblo latinoamericano en defensa de su territorio, que no solo es la tierra, sino su cultura y todo lo que representa”, se esperanza, Edgard Páez mientras termina su tinto rumbo a otra reunión.

RECUADRO:

Las multinacionales acusadas de vínculos paramilitares

Coca Cola: asociada a 8 asesinatos de líderes sindicales de Sinaltrainal.

Nestle: asociada a 10 asesinatos de líderes sindicales de Sinaltrainal.

Drummond: demandada por 100 millones de dólares en Alabama por su vinculación al asesinato de 3 sindicalistas de Sintraminergía (que exigían a la empresa, entre otras cosas, media hora para almorzar en jornadas de doce horas)

AngloGold Ashanti: asociada a las masacres paramilitares del Sur de Bolívar, lugar donde tiene intereses en la explotación de oro.

Occidental Petroleum (Oxy): acusada de brindar asesoría técnica al avión de la fuerza aérea colombiana que bombardeó en 1998 un centro comunitario de Santo Domingo con 10 dirigentes sociales y 7 niños muertos, y financiamiento a la Brigada XVII, sindicada por el asesinato de tres dirigentes sociales. Es una de las principales lobbistas del Plan Colombia en el congreso de los Estados Unidos.

Repsol: acusada de contratar paramilitares contra las quejas de los indígenas Uwas por los impactos ambientales de sus explotaciones.

British Petrolum: acusada de entrenar grupos paramilitares y suministrarle fotos de dirigentes sociales de El Morro para su asesinato, y financiar la creación de la brigada XVI de Yopal, Casanare, involucrada en numerosos abusos a los derechos humanos.

Chiquita Brand (ex United Fruit): Acusada de ingresar por su puerto en la zona franca de Turbo 3.000 fusiles ak 47 y 5 millones de municiones para los paramilitares de Carlos Castaño.

Cemex (México), Holcim (Suiza): relacionadas al asesinato selectivo desde el año 2000 de 600 líderes sociales de Ciudad Bolívar, barrio marginal de Bogotá donde las empresas tienen canteras con ganancias anuales del 200%.

Unilever: inversionista en los proyectos madereros y de siembra de palma africana efectuados sobre territorios de campesinos y comunidades negras desplazadas por grupos paramilitares.

Chevron Texaco: relacionada con la expropiación de tierras de indígenas wayuus a manos de paramilitares y la masacre de Bahía Portete.

Monsanto: socia de las ongs de conservación asociadas a los crímenes paramilitares en el Choco Biogeográfico y colaboradora en el Plan Colombia, cuyos recursos han sido derivados con destino a estos grupos armados.