El suelo debajo de nuestros pies
Fotos: Sub Coop
La Tierra
se ha transformado en un lugar inhóspito para vivir. Lo había vaticinado
Malthus en los albores de la revolución industrial, fue una de las tantas
conclusiones a las que llegó Marx analizando el “capital”, fue protesta de los
beatniks, los hippies, el Club de Roma y
teoría de algún científico loco como James Lovelock, que en los setentas
alertó sobre la salud del Planeta en “Gaia, una nueva mirada en la Vida en la Tierra”, para luego firmar, hace poco
años, que la Tierra
estaba enojada y pensaba acabar con nosotros (“La venganza de Gaia. Por qué la Tierra está contratacando y como
podemos salvar a la humanidad”, del 2006).
El asunto también fue alertado por canciones y tapas de
discos en los ochentas. Sino recuerden a Jamiroquai con sus Ferraris y su disco
Emergencia en el Planeta Tierra. Entrado el siglo veintiuno, la cuestión ingresó
por la puerta trasera a la agenda de los políticos, los medios, los foros
internacionales y los paquetes (ojo, solo los paquetes) de las empresas
multinacionales, arribando, sin mucho contexto, a la comprometida charla del cálido
asiento de cualquier taxi porteño, entre imágenes apocalípticas de terremotos
en Chile o Haití, inundaciones en Japón o Nueva Orleans, y ridículas campañas
llamando a conservar el agua o apagar la luz una horita al año.
“Nosotros de
nuestros trabajo con campesinos y pueblos originarios aprendimos a hablar de
territorio antes que tierra. El territorio incluye la vivienda, la familia, el
alimento, el agua, la cultura, la vida. Es un bien social más que económico.
Por eso, uno de nuestras grandes luchas actuales es contra el desalojo”, aclara
Miriam Bruno, coordinadora del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF).
La organización está abocada a una de las funciones más
vitales que cumple la tierra para el hombre: la alimentación. Según datos del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con apenas un 13% del total de las tierras
cultivadas de la Argentina, los agricultores familiares cubren un 20%
del producto interno agropecuario y un 60% del consumo doméstico de alimentos. Son
los chacreros bolivianos, los neohippies permaculturales, los descendientes de
los pueblos originarios y también esos inmigrantes europeos, judíos o árabes
que hicieron de Argentina “el granero del mundo”. A pesar de ello, en el FONAF denuncian
el creciente desplazamiento de comunidades campesinas en pos de intereses
económicos nacionales e internacionales.
La Tierra también es un negocio.
"En Argentina
se ha vivido un proceso de concentración y extranjerización de la tierra que en
un principio tuvo que ver con la soja, pero que ya cubre muchos otros
intereses. Se trata de un modelo de explotación del territorio basado en el
saqueo de los recursos naturales. Entonces en complicidad con los gobiernos
provinciales llegan personas con títulos de propiedad para desalojar a
campesinos que no tienen papeles pero han habitado ahí por generaciones. Frente
a esto, algunos, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero se han
organizando y están poniendo el cuerpo", explica Carlos Vicente,
representante en Argentina de la organización Grain que desde hace varios años
viene advirtiendo la agresiva política de apropiación de tierras (en especial
en África y América Latina) por parte de gobiernos como Arabia Saudita, Japón,
China, India o Egipto. Según sus informes, la estrategia tiene que ver con el
aumento de la población y la falta de tierras cultivables en sus propios países,
pero también con el aumento en la rentabilidad de los negocios relacionados con
la producción agrícola frente a la merma de oportunidades en el sector
financiero y de servicios, el aumento del precio de los comestibles y el
crecimiento de productos sustitutos como los agrocombustibles.
Según el
autor de la serie “Crisis
Agroalimentaria”, Vicent Boix, analizando datos de la FAO para los últimos diez años, la
escalada de los precios de los alimentos (2,4 veces), ligado al aumento de la
desnutrición (23%), se debe pura y exclusivamente a la utilización de los
cereales con fines industriales. En efecto, el consumo de maíz para fines
ajenos a la alimentación creció 44% en los últimos 5 años. En Estados Unidos, durante el 2010,
el 35% del consumo de maíz se explica por el uso de agrocombustibles. Lo que en
criollo quiere decir que el 14% de la producción mundial de maíz fue a parar a
los coches de los gringos.
Datos del
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) dicen que los
establecimientos rurales mayores a mil hectáreas concentran más del 43% del espacio
total, mientras que las propiedades inferiores a diez hectáreas ocupan menos
del 2,7%. En la misma dirección, el Movimiento Sin Tierra(MST) ha señalado que
mientras en 1992 había poco más de 19 mil latifundistas con más de dos mil
hectáreas (121 millones de hectáreas), para 2003 el número de esas propiedades
sube a 32 mil y el área total suma 132 millones de hectáreas. En once años, doce
millones de hectáreas fueron apropiadas por el latifundio.
Los datos del
censo agropecuario revelan que la agricultura familiar, que representa el
24,3% del
área agrícola es responsable del 87% de la producción nacional de mandioca, 70%
de la de porotos, 46% de la de maíz, 38% de la de café, 58% de la de leche, 50%
de la producción avícola y 30% de la bovina. Sin embargo este tipo de
producción recibió sólo $13 billones de reales del estado en el 2008, frente a
cerca de $100 billones de reales que fueron destinados al agronegocio.
“El Movimiento Nacional Campesino presentó hace un par de
años en Ginebra un informe sobre el aumento en la violación de los derechos
humanos en Argentina. En
Paraguay es tremenda la violencia. Viajando por Sudamérica uno se da cuenta que
dentro de veinte o treinta años vamos a tener que reconocer que se esta
produciendo un genocidio y un ecocidio dramático. Siempre el modelo de
desarrollo que nosotros tenemos apunta a incrementar el uso de tecnología y no
a replantear la situación cuando hay crisis. Nosotros en Grain nacimos tratando
de cambiar las cosas a nivel de organismos internacionales, pero a lo largo de
los años nos dimos cuenta que lo importante era trabajar con los movimientos
locales que son los que realmente están haciendo las transformaciones. Hoy se
sabe técnicamente que tanto el cambio climático, como la extinción de especies,
como la crisis alimentaria, se puede revertir con técnicas agroecológicas que
no destruyan los ecosistemas, que den trabajo a la gente”, explica Vicente. E
insiste: “El tema es que en la Unión Europea se pueden dar el lujo de decir: no
importa que se desaloje el campo, porque le compramos muy barato y traemos lo
que queremos del otro lado del mundo. Aún dejando de lado la explotación de las
personas en esos lugares, el sistema agrícola y ganadero mundial, sumando el
transporte, produce casi el 50% de los gases del efecto invernadero. Ahí vos
decís: no podemos seguir llevando en barco las cosas de un lado al otro del
mundo cuando se pueden producir localmente”.
Mientras en Buenos Aires, Bogotá o Barcelona los ciudadanos
apagamos la luz una horita y puteamos porque el portero baldea la vereda, los
megaproyectos multinacionales (apoyados por organismos y ongs internacionales,
gobiernos nacionales y provinciales) avanzan con lógicas de consumo inagotable,
extracciones millonarias y desplazamiento de poblaciones a través de
estratagemas legales o ejércitos paramilitares.
“En este momento el problema más grave de los argentinos, y
que quizás sea el de menor conciencia en la población urbana, es la política
agraria. El régimen de tenencia hace que la posesión de la tierra tenga
objetivos especulativos económicos. Pensar en un país distinto no puede hacerse
si no se piensa en cuál debe ser la base agraria. De lo que se trata es de visualizar la
exigencia situacional desde donde repensar y actuar. Evitar que el poder, a
través de los medios de comunicación masiva nos mantenga ocupados con temas
secundarios como la seguridad o la crisis financiera, cuando la deuda interna,
la insolvencia económica, política, social, cultural y ética del estado
argentino sólo, se resuelve construyendo de nuevo el país. Y ese nuevo país no
podrá ser posible si no nos desembarazamos de muchos desatinos y formidables
despilfarros de la cultura urbana que hemos adoptado suponiéndolos parte de un
ilusorio progreso”, advierte Luis Mattini.
La tierra también es el espacio.
La pelea por el territorio, la tierra, en las zonas rurales,
quizás no difiera tanto de los que muchos porteños vivimos día a día en las
combativas horas pico del transporte público.
Dice un comunicado del MTL Rebelde y la agrupación Prisma:
“La derecha denuncia, como hizo el diario La
Nación, la multiplicación de la población en las más de 20
villas de la capital. Sólo la Villa
31, en el céntrico barrio de Retiro, duplicó su población de 25 a 50 mil personas en diez años. Los
datos confirman un crecimiento exponencial: en 2006 había 819 villas entre
capital y área metropolitana de Buenos Aires con un millón de habitantes. Hoy
serían ya dos millones, mientras en la capital llegarían a 235 mil personas
viviendo en villas, un 7% de la ciudad. Un estudio de la Universidad de General Sarmiento
estima que la población en villas crece diez veces más rápido que la del país.
“Un tsunami silencioso” se queja el diario de la derecha”.
“Hay que
preguntarse dónde van a vivir los pobres que en nuestras ciudades se tienen que
ubicar en forma irregular, sin títulos y en ambientes degradados. Lo hacen
porque no tienen otra alternativa, porque jamás podrían entrar en el mercado
formal de tierras, ni comprar una vivienda con título”, cuestiona Sebastián
Tedeschi, coordinador legal para América Latina del Centro por el Derecho a la
Vivienda contra Desalojos (Cohre, en sus siglas en inglés). Datos de un
relevamiento realizado en el país arrojan una cifra extraoficial de entre 4 ó 5
millones de familias que no poseen títulos de propiedad por distintos motivos:
"Es gente que vive en asentamientos y villas pero también campesinos y
comunidades indígenas que, aún con el reconocimiento constitucional, no tienen
sus títulos". En esa línea, Tedeschi considera que “por más que se
invierta en construcción de viviendas, no se llega a cubrir el déficit nuevo
que se genera. Además, el problema no es solo levantar viviendas sino ver cómo
la gente accede a las ya construidas".
“Las Naciones Unidas estiman que más del 50% de la población
mundial vive en las ciudades. Y para el 2050 va a ser el 78%. Algunas capitales
están empezando a tomar en serio estos informes para hacer un diseño urbano
distinto, de inclusión, no de exclusión, que son los que hay ahora y generan
cordones urbanos de miseria. En Buenos Aires tenés 120.000 propiedades vacías.
Pero parece que la única política posible es el desalojo. En cambio, en Torino,
una casa vacía paga el triple de impuestos. Entonces los dueños se juntan con las
cooperativas y el gobierno para hacer proyectos”, explica Fernando Ojeda, de la Cooperativa el Ceibo y la Red Hábitat, un grupo de
organizaciones de la sociedad civil que busca “una solución integral al
problema habitacional a través de asentamientos humanos social, económica
y ambientalmente sustentables”. Su organización surgió en los ochentas entre los
habitantes de casas tomadas en Palermo, tras los desalojos y el fallido intento
de la construcción de la AU3
por parte del intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciatore. Se dieron cuenta
que la primera tarea a desarrollar para proteger su vivienda (habitat,
territorio) era solventarse económicamente. La mayoría de ellos eran cartoneros.
Hoy la cooperativa está concentrada, además de la Red
Habitát,
en planes de vivienda, reciclado y promoción ambiental.
En la Red
estiman en medio millón el total de la población con falta de acceso a una
vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires. Según la agrupación Prisma del MTL,
se realizan alrededor de 5 mil desalojos por año. Los desalojos no solo cubren
personas particulares, sino también organizaciones sociales.
En mayo del 2009, la Huerta
Orgazmica, el emprendimiento de agricultura urbana de la
Asamblea Gastón Rivas, que funcionaba en un
espacio recuperado al lado de las vías del FF.CC. Sarmiento, fue violentamente
desalojado por el gobierno de la Ciudad.
La operación incluyó fuerzas especiales trepando por los
tejados, advirtiendo a los vecinos que dentro del CC de la Sala (sede de la asamblea) había
terroristas armados con personas secuestradas. El espacio, amenazado de
desalojo, pudo recuperarse gracias al apoyo económico de vecinos y amigos. No
es el único emprendimiento que en base a aportes comunitarios y lucha social ha
logrado concesiones por parte del estado. Pero la regla hoy en este tipo de
espacios es la amenaza de desalojo. Es una de las tantas políticas que desde su
asunción ha encarado el gobierno de Mauricio Macri en una estrategia que
también incluye fábricas recuperadas (como el IMPA), casas y hoteles, además de
la privatización de espacios públicos en pos de un desarrollo inmobiliario
moderno (como el Centro Cívico
XXI que funcionará en el predio de Barracas donde hoy funcionan los
neuropsiquiátricos Borda y Moyano, a desmantelarse bajo la nuevo Plan de Salud
Mental), y el acoso de personas en situación de calle (la llamada
“limpieza social”), que se ha venido realizando a través de la famosa Unión de
Control del Espacio Público (UCEP), denunciada por la Defensoría del Pueblo de Buenos
Aires.
La estrategia es casi un calco de la política de Ventanas
Rotas (que según expertos norteamericanos relaciona desorden urbanístico y
callejero con crimen) implementada por el alcalde de New York Rudolph Guiuliani
y luego replicada en Medellín por Álvaro Uribe Velez, con el apoyo de las
Cooperativas Convivir, los cuerpos de seguridad ciudadana que muchos expertos
colombianos sindican como el nacimiento de los ejércitos paramilitares. El ex
presidente de Colombia es la niña bonita de los medios y organismos
internacionales por su lucha contra el “terrorismo”, a pesar de la larga lista
de acusaciones con las que carga en su país por vinculación al narcotráfico y
el terrorismo de estado. El saldo de su política de Seguridad Democrática
incluye 30 millones de
pobres, 9 millones de indigentes, 4,9 millones de desplazados, 250.000
desaparecidos y 600 sindicalistas asesinados desde el 2002. También 3000
“falsos positivos”, que es la forma en que los colombianos llaman a la
encarcelación por parte del gobierno de campesinos, indígenas, jóvenes de los
barrios marginales, intelectuales y dirigentes sociales falsamente acusados de
“terroristas”.
La
aparición de paramilitares colombianos asesorando a la oposición o fuerzas
ligadas a masacres indígenas ha sido denunciada por Hugo Chavez y Evo Morales
(que mostró las fotos de líderes paramilitares colombianos reuniéndose con el
embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg). También por los
movimientos de resistencia al golpe de estado en Honduras.
En Argentina, Uribe es recibido con grandes honores por
Mauricio Macri y en reuniones poco publicitadas con la presidenta Cristina Kirchner, con el fin de asesorar al ejército
nacional. El mapa de la seguridad de Francisco de Narváez no difiere
mucho de los mecanismos utilizados por Uribe para la creación de la red de
informantes que hizo posible su política de Seguridad Democrática, y el
proyecto de Macri de crear policías comunales en el Instituto Superior de Seguridad Pública se parece mucho a la idea de las Cooperativas Convivir.
"La Ciudad
no ha sido nunca un lugar armónico, libre de confusión, conflictos, violencia.
La calma y el civismo son la excepción, y no la regla, en la historia urbana.
Los comuneros de 1871 pensaban que tenían derecho a recuperar su París de manos
de la burguesía y los lacayos imperialistas. Los monárquicos que los mataron,
por su parte, pensaban que tenían derecho a recuperar la ciudad en nombre de
Dios y la propiedad privada. ¿No estaban todos acaso ejerciendo su derecho a la
ciudad? A derechos iguales, constató célebremente Marx, la fuerza decide. ¿Es a
esto a lo que se reduce el derecho a la ciudad? ¿Al derecho de luchar por los propios
anhelos y a liquidar a todo el que se interponga en el camino?", se
pregunta el géografo y urbanista David Harvey.
La vuelta a la Tierra
Del otro lado del mapa, debajo de
la tierra y los medios oficiales de comunicación, muchos son los proyectos de
inclusión y cooperación, como la Red Habitat,
la Misión Sueños
Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, los proyectos de vivienda de la Tupac Amaru en Salta, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL-CTA) en Parque Patricios o la
asociación Giros en Rosario.
O el Centro Cultural de La Sala, donde funcionan diversos
proyectos productivos y autogestionados como emprendimiento textiles, de
xerigrafía, la imprenta Pdel, la empresa de productos higiénicos Burbuja
Latina, y hasta hace poco, la cerveza La
Cebada. Por su parte el Movimiento Darío Santillan ha
expandido su red de proyectos productivos, incluyendo pasantías de trabajo,
medios comunitarios, proyectos de viviendas, bibliotecas y bachilleratos
populares. En La Plata, en
el predio de un colegio abandonado, el CC Olga Vázquez alberga, entre otros,
una pizzería, una imprenta, un taller de herrería, uno textil, la biblioteca
popular Héctor Osterheld, el Bachillerato Popular Bartolina Sisa, talleres y
eventos culturales. Las comercializadoras de productos sociales o ecológicos
como Puente del Sur, la Red Tacurú
o Iriarte Verde, distribuyen a domicilio diferentes artículos elaborados por
cooperativas, movimientos campesinos, indígenas y fábricas recuperadas.
La alianza
puede incluir nuevas formas de organización sindical (como el caso de los
subtes) o comercialización cultural (como la Feria del Libro Independiente y
Alternativa). La mayoría de estas experiencias prescinde y, en muchos casos,
hasta reniega del estado y las grandes empresas, poniendo el énfasis en un
nuevo tipo de consumidores y redes de compra, venta y producción. No van detrás
de megaproyectos productivos o inmobiliarios asociados con esas grandes
ganancias asociadas a la explotación descontrolada del territorio en pos de un
consumo por lo general asociado con explotación laboral, crímenes de lesa
humanidad y desastre ecológico.
“Es
fundamental crear redes de solidaridad entre lo urbano y lo rural. La mayoría
de la gente que vive en esta ciudad no sabe lo que come, de donde viene, quien
lo produce, cuanto viaja y cual es el costo real que eso tiene, Y si la gente
no empieza a hacerse cargo de lo que se alimenta es muy difícil hacer el
cambio. Puede sonar a utopia, pero la verdadera utopía es que el mundo siga
funcionando como está funcionando. Esta sociedad es inviable, no hay un futuro
del capitalismo, del consumismo, entonces todas estas experiencias desde las
autogestionarias en la ciudad hasta las campesinas, o la gente que vuelve al
campo buscando una alternativa diferente de vida, son las semillas de lo que va
ser. Por eso son importantes estas experiencias y es importante la solidaridad
frente al desalojo de estos espacios. Mucha gente conciente de la ciudad
reacciona sin saber que eso es moneda corriente en buena parte de la Argentina. Y los medios alternativos están
creando conciencia sobre esas cosas”, explica Vicente.
La tierra en disputa (Awya-Yala)
“Hoy hay mucha información, y hace falta sacar mas, pero en
cada uno de los sectores de la economía hemos visto que hay tres patas para el
problema tan grave que se vive. Una es la de los recursos naturales, otra es la
de las trasnacionales, y la tercera, la del terrorismo de estado. Colombia es
un país muy rico: tiene oro, tiene petróleo, tiene carbón, tiene biodiversidad,
aguas, lo que uno quiera. Como es un país muy rico las multinacionales vienen
detrás de todos esos recursos naturales. Pero para que puedan beneficiarse de
ellos es necesario que no halla comunidades organizadas que luchen para impedir
que nos roben estos recursos que son de los colombianos. Entonces las
transnacionales necesitan quitarse del medio esa resistencia popular. ¿Cómo se
la han venido quitando? A través del terrorismo de estado agenciado por
gobiernos como el de Alvaro Uribe y todos sus antecesores. Ese terrorismo de
estado tiene como una de sus armas al paramilitarismo, que no es solamente el
brazo armado, sino que es todo un proyecto económico, político, militar y
social. A través del paramilitarismo se han venido arrasando poblaciones
enteras para poder explotar tranquilamente los recursos”, explica Edgard Paez,
dirigente del sindicato Sinaltrainal, una de las organizaciones que en el 2008
convocó al Tribunal Permanente de los Pueblos para condenar por crímenes de
lesa humanidad al gobierno colombiano, el de Estados Unidos y multinacionales
como Coca Cola, Nestle, Unilever, Repsol, Brtish Petroleum, Monsanto, la minera
Anglogold Ashanti y Chiquita Brands.
“Uno de los territorios de mayor potencial energético,
hídrico y biótico del mundo, es el Amazonas, pero no solo en términos de su
expresión biofísica, sino también en toda su amplitud territorial, sus
posibilidades de conexión y sus grandes mercados. Se sabe que en la zona de
Iguazú está el ejército internacional más grande que hay en todo el territorio
y que el Plan Colombia, que fue presentado al mundo como un plan contra el
narcotráfico y la insurrección armada, es un plan de ocupación militar de la
entrada a ese territorio”, explica Hernando Gómez analista internacional y
colaborador de Le Monde Diplomatique en Colombia. Y continúa: “América Latina
vive desde hace muchos años un proceso de recolonización del territorio que
busca montar toda la infraestructura físico comercial para todo el gran
mercado internacional, con la mayor tasa
de ganancias, sin interesar los costos sociales y ambientales, atravesando
territorios sagrados de las comunidades indígenas, desplazando campesinos,
generando condiciones de violencia y guerra en muchos territorios, atravesando por
ecosistemas estratégicos, desforestando, implementando formas de explotación no
orgánicas para poder sacarle mayor rendimiento al suelo, acabando con los bosques
húmedos tropicales”.
“En los últimos años se han visto aflorar una serie de
nuevos conflictos territoriales que, aunque tienen su origen en antiguas
causas, hoy adquieren un nuevo perfil por la promoción de planes y proyectos de
inversión e infraestructura. Estos conflictos son enfrentados del peor modo,
recurriendo a la represión en lugar de buscar instancias de diálogo y concertación
para un acuerdo en el marco de la ley y el respeto de los derechos humanos. Lo
paradójico es que la población reclama que mientras el gobierno no ha apoyado
sus formas de subsistencia y sus proyectos de actividad económica durante
décadas, ahora estas iniciativas pueden causar daños sobre su forma de vida. Estos
conflictos raramente aparecen en los medios de prensa, porque los proyectos
cuentan con inversión internacional o de grandes capitales nacionales, con
financiamiento del Banco Mundial o el BID, algunos incluso con auspicio de las
ONU, a través del PNUD”, Tedeschi.
Estos planes de infraestructura tienen continuidad en todo
el continente a través del IIRSA (niciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana), que incluye el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial
Argentino del Bicentenario presentado por Cristina Kirchner en marzo del 2008 y
bendecido por todos los mandatarios provinciales, incluyendo el de Santa Fe, el
socialista Hermes Binner. El plan incluye rutas y puertos que conecten a la
producción argentina con la del mundo.
En Río Negro, Grain denunció hace pocos
meses la firma de un acuerdo del gobierno provincial con China para cederle
miles de hectáreas a la empresa estatal Beidahuang para la producción de soja,
trigo y colza, entre otros cultivos. El plan incluye la construcción de una nueva terminal portuaria en
San Antonio Oeste.
La tierra es la identidad.
“Durante el siglo XX
afloraron múltiples conflictos por tierras urbanas frente al acelerado proceso
de urbanización que vivió América Latina, familias campesinas que dejaron el
campo y se concentraron en las grandes metropolis. Si bien hoy la mayoría de la
población latinoamericana es urbana, no puede decirse estrictamente que esta
viva en ciudades si pensamos en las condiciones de vida, habitación, provisión
de servicios o seguridad jurídica y disfrute efectivo de sus derechos de
ciudadano. Actualmente el conflicto se reactiva ya no por nueva migración rural
sino por las mayor presión por el desarrollo que el mercado inmobiliario ejerce
con el fin de ocupar todos los espacios urbanos disponibles y especialmente en
donde vive la población de menores ingresos que es más vulnerable a las
expulsiones y desalojos por falta de títulos que garanticen la seguridad de sus posición”, sostiene
Tedeschi. Desde la Red Habitat denuncian que los proyectos de vivienda
social están paralizados y que el plan inmobiliario para la ciudad de Buenos
Aires incluye la desocupación de casas con un solo fin: que la reducción de la oferta
lleve los alquileres a precios europeos.
Los intereses
económicos sobre el territorio están provocando desplazamiento en los campos y
también en la ciudad. Y ese desplazamiento, como no podía ser de otra manera, empuja
a la lucha por el territorio, provocando una sobrepoblación que a veces parece
no tener solución ni retorno (no solo desde el espacio sino también desde el
abastecimiento de sus necesidades básicas, es decir la soberanía alimentaria, el
hábitat). Los hechos del año pasado en Soldati o Lugano, o de este año en Bajo
Flores, son apenas una muestra de este enfrentamiento, que incluye también la
distribución de las ganancias, la pelea por los precios, el trabajo digno, y el
derecho a la libertad y la vida (frente a estrategias de criminalización de la
protesta social o de limpieza social como la ley antiterrorista o el gatillo
fácil).
La estrategia de
desalojos no solo incluye objetivos económicos en cuanto a recursos naturales
(como la soja, la minería o el petróleo), sino otros como la construcción de
viviendas para clase media y alta (como el barrio Colony Park en el arroyo Anguilas
o los proyectos inmobiliarios en Punta Querandíes, ambos en Tigre),
Universidades (el caso de la comunidad qom La Primavera), Infraestructura (el Vial Costero de Vicente
López), Turismo (el desalojo de la comunidad Paichil Antriao en Villa Langostura) o Ciencia (los recientes
desalojos en Cachi, Salta, que incluyen planes de minería, venta de terrenos a
extranjeros pero también usufructo de los tesoros arqueológicos de la zona). En
algunos de estos casos además de las fuerzas tradicionales del orden (ejército
y policía) se han utilizado grupos parapoliciales como la Brigada
de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA)
en Río Negro. También se sospecha que son fuerzas parapoliciales las responsables
de la escalada en los últimos años de las desapariciones y asesinatos
selectivos de líderes sociales que van de Darío Santillán a Atahualpa Martínez
Vinaya, un joven de Viedma, descendiente de mapuches y aymaras y encabezaba, que
encabezaba, entre otros emprendimientos sociales, la toma de tierras marginales
de su ciudad.
"Nosotros somos
un pueblo con una cosmovisión de muchos años que dice que la tierra es nuestra
casa, el territorio es nuestra vida. Para nosotros que pertenecemos al pueblo
mapuche la toma de tierras tiene que ver con una reivindicación de nuestra
identidad, recuperar el suelo que fue apropiado por el estado en nombre del
progreso para responder a intereses internacionales, que en ese entonces tenía
que ver con Inglaterra y la producción de lana. Esos intereses fueron los
mismos que actuaron para fomentar la guerra en Paraguay o el despojo de nuestros
hermanos indígenas del Chaco. Desde entonces hemos vivido la intervención del
estado que nos impone sus reglas. A nosotros que somos un pueblo nómade nos
desplazaron a las peores tierras o a asentamientos urbanos donde pasamos a
formar parte de la miseria. Hoy la palabra no es progreso sino desarrollo
sustentable, y se buscan otros recursos como petróleo o agua, pero los
intereses internacionales son los mismos, y la función del estado
también". Las palabras son de Chacho Liempe, uno de los dirigentes del
Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro, una organización que lleva más de 100.000 hectáreas recuperadas
en el sur del mundo a la par de
numerosos emprendimientos productivos y culturales. Para los antiguos
pobladores de la tierra, esa lucha que hoy es vista con desespero por los
habitantes urbanos, no es novedad, lleva más de quinientos años. Para los pueblos
originarios la Tierra, la Pachamama, es la madre.
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